Thursday 18 October 2018
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3 months ago

El uso de la fuerza letal en Nicaragua “es inaceptable”

Source: UN News Service Country: Nicaragua
El Secretario General de la ONU condena la violencia contra los civiles y pide al Gobierno que los proteja. . Además, considera que esta violencia es un obstáculo para hallar una solución política.António Guterres condena la violencia contra los civiles y pide al Gobierno que los proteja. Además, considera que esta violencia es un obstáculo para hallar una solución política. Por su parte, ONU Derechos Humanos, que tiene un equipo en el país, ha recibido informes sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de agentes de policía y grupos armados pro gubernamentales. El Secretario General de la ONU, António Guterres, considera inaceptable el uso de la fuerza letal en el marco de la crisis en Nicaragua y reclama al Gobierno que garantice la protección de los ciudadanos y haga que los responsables rindan cuentas. El Secretario General deplora y condena la violencia contra civiles, incluida contra estudiantes , dijo su portavoz, Farhan Haq, preguntado al respecto en una conferencia de prensa. Guterres considera que el uso de fuerza letal no es sólo inaceptable, sino que es en sí mismo un obstáculo para lograr una solución política a la actual crisis en Nicaragua, donde han muerto más de 270 personas desde que comenzaron las protestas. La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene un equipo en el país, ha recibido muchos informes de grupos de derechos humanos sobre “el uso desproporcionado de la fuerza” por parte de agentes de policía y agentes armados progubernamentales en Diriá, Niquinohomo y Catarina. “Esos reportes incluyen un número de personas fallecidas. Estamos tratando de validar las cifras con organizaciones de derechos humanos en la zona. No nos ha sido posible definir la cifra exacta porque el acceso es bastante difícil”, explica Carlos Rodríguez, portavoz de la Oficina. Este fin de semana, también fueron detenidos en el aeropuerto de Managua dos líderes campesinos, Medardo Mairena y Pedro Mena, cuando iban a tomar un vuelo internacional. Para la Oficina, estas detenciones son “preocupantes”, ya que suponen “una forma de criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos”, y considera que, al contrario, “el Estado debe garantizar que estas personas sean protegidas y brindarles seguridad”. Medardo Mairena forma parte de la Comisión de Verificación y Seguridad, compuesta por representantes del Diálogo Nacional, integrado por estudiantes, empresarios, sociedad civil y el Gobierno para intentar resolver la crisis. “El Estado debe garantizar que [los miembros de la Comisión] puedan ejercer su función sin ningún tipo de represalias”, afirma el portavoz. ONU Derechos Humanos siguió de cerca el asalto armado de 15 horas contra una iglesia cercana a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde hay atrincherados estudiantes desde el mes de mayo. “Los estudiantes que intentaron salir, corrieron a la iglesia de la Divina Misericordia, que también fue golpeada y violentada”, relata Rodríguez. Tras la mediación de la Conferencia Episcopal y la Comisión de Verificación y Seguridad, 150 estudiantes pudieron salir y se trasladó a los heridos a la Catedral Metropolitana. Dos jóvenes murieron. Observadores de la ONU ONU Derechos Humanos tiene el mandato de “acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional y de monitorear los derechos humanos”. La información que recaben será utilizada por mecanismos internacionales, relatores y expertos “que ya se están pronunciando y mostrando su interés en visitar el país”, asegura el portavoz. En las calles, relatan, “hay temor, hay inseguridad, desconfianza, y las personas intentan tomar todas las medidas de precaución que pueden”. A la Oficina también le preocupan las “violaciones al ejercicio de la libertad de prensa” y señala que ha habido páginas digitales de medios de comunicación jaqueadas y “periodistas golpeados, amenazados y que están siendo acosados por grupos armados pro gubernamentales”. “Nos preocupa muchísimo porque los medios independientes son una de las voces que tiene la población para dar a conocer lo que está pasando”, señala Rodríguez. “Vivimos un momento bastante difícil”, explica Rodríguez. “Muchos familiares no habían visto a sus hijos desde que se atrincheraron en mayo. Había muchos temores de la población de represalias por grupos armados pro gubernamentales”, añade. Las organizaciones que les recibieron les ofrecieron asistencia médica y psicológica, pero la ONU señala que “el Estado tiene la obligación de asegurar la integridad y la vida de las personas que viven en el país y de los estudiantes”.

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